Departamento de Prensa y Medios - CORNACOIDH
DPM-CP017-20250406
ALERTA POR ESCALADA DE VIOLENCIA EN EL SUR DE
BOLÍVAR
La Corporación advierte que los hechos registrados en las últimas semanas confirman riesgos que fueron alertados desde 2024 y 2025 ante el Ministerio Público.
La Corporación Nacional Para La Denfensa Del Medio Ambiente, Los Derechos Internacionales Humanitarios Y Constitucionales – CORNACOIDH, manifiesta su profunda preocupación por la escalada de violencia que se registra en el sur de Bolívar y hace un llamado urgente al Estado colombiano para garantizar la vida, integridad y dignidad de las comunidades que habitan este territorio.
En las últimas semanas se han registrado ataques con drones, enfrentamientos, utilización de artefactos explosivos y restricciones a la movilidad, en un escenario marcado por la disputa territorial entre estructuras armadas como el ELN y el Clan del Golfo, además de la presencia de otras estructuras armadas en diferentes zonas de la región.
El hecho más reciente ocurrió el 19 de agosto en Norosí, donde un ataque con drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil contra la estación de Policía dejó nueve uniformados heridos. El ataque generó además una situación de alto riesgo para aproximadamente 300 niños y niñas que se encontraban en una institución educativa cercana, así como para docentes y demás población civil.
Este no es un hecho aislado. El 29 de julio, también en Norosí, siete integrantes del Ejército Nacional resultaron heridos tras un ataque con dispositivos explosivos improvisados lanzados desde drones en la vereda Campanario. De acuerdo con el Ejército, la acción fue atribuida al Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN.
A estos hechos se suma que el 8 de agosto, tropas del Ejército localizaron y neutralizaron un artefacto explosivo instalado en la vereda La Ye, jurisdicción de Simití, sobre la vía que comunica este municipio con San Pablo. El dispositivo se encontraba frente a una infraestructura eléctrica, incrementando el riesgo para la población y los servicios esenciales.
Durante el mismo mes, fueron denunciadas restricciones a la circulación de vehículos en el corredor que comunica Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, situación atribuida por habitantes y dirigentes políticos al ELN y que genera preocupación por el abastecimiento, el transporte y el acceso de las comunidades a servicios básicos.
UNA CRISIS QUE YA HABÍA SIDO ADVERTIDA
Para CORNACOIDH, la situación actual confirma
riesgos que la Corporación había advertido durante 2024 y 2025 mediante
informes, alertas y ejercicios de observación territorial entregados
recurrentemente al Ministerio Público.
Desde ese trabajo de seguimiento se había advertido sobre el crecimiento de las estructuras armadas, la disputa por el control territorial y económico y el riesgo de que los enfrentamientos terminaran afectando directamente a las comunidades, las instituciones educativas, los líderes sociales y la población civil.
La Corporación considera que no se actuó con la suficiente oportunidad frente a los escenarios advertidos, y hoy el territorio enfrenta hechos de mayor intensidad que ponen en evidencia la necesidad de una respuesta estatal inmediata e integral.
Los antecedentes son preocupantes. Durante 2025 se documentaron en el sur de Bolívar al menos cuatro desplazamientos forzados masivos y cinco comunidades confinadas, además de homicidios selectivos, amenazas contra liderazgos sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y utilización de minas antipersona y artefactos explosivos.
En agosto de 2025, la crisis llegó a afectar a más de 5.000 personas confinadas en zonas rurales de Santa Rosa del Sur y Montecristo, mientras cientos de familias tuvieron que abandonar sus territorios. Medios nacionales reportaron posteriormente más de 1.000 personas desplazadas y alrededor de 5.000 confinadas durante esa emergencia.
La dimensión de la crisis también se refleja en las cifras oficiales acumuladas para el departamento. Entre enero y abril de 2026, se registraron en Bolívar 3.882 personas afectadas por confinamiento y 302 por desplazamiento forzado, para un total de 4.184 personas afectadas en esos eventos. Estos datos corresponden al departamento y no deben atribuirse exclusivamente al sur de Bolívar.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo reportó en marzo de 2026 18 homicidios registrados en lo corrido del año en los municipios objeto de su seguimiento, frente a 40 casos registrados durante todo 2025, además de amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad.
- La población civil no puede ser el blanco
CORNACOIDH condena de manera categórica cualquier acción armada que ponga en riesgo a la población civil y recuerda que los niños, niñas y adolescentes deben permanecer completamente al margen de las confrontaciones armadas.
Resulta especialmente grave que un ataque con drones se produzca en inmediaciones de una institución educativa y exponga a cientos de estudiantes. La escuela debe ser un espacio protegido para aprender, convivir y construir futuro, no un escenario donde niños y docentes queden atrapados en medio de las hostilidades.
La Corporación también expresa su solidaridad
con los integrantes de la Fuerza Pública afectados, pero insiste en que la
protección debe extenderse a todas las personas que habitan el territorio,
independientemente de su condición, actividad o lugar de residencia.
Ante este escenario, CORNACOIDH hace un llamado al Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, Gobernación de Bolívar, alcaldías municipales, Ministerio Público, Fuerza Pública y entidades responsables de la atención a víctimas, para que adopten acciones inmediatas y coordinadas.
La Corporación solicita:
• Garantizar la protección
efectiva de la población civil y de las comunidades rurales.
• Proteger especialmente a niños,
niñas y adolescentes, garantizando el funcionamiento seguro de las
instituciones educativas.
• Garantizar la movilidad y el
abastecimiento de alimentos, medicamentos y bienes esenciales.
• Activar las rutas de atención
para las personas afectadas por desplazamiento, confinamiento, amenazas o
hechos violentos.
• Fortalecer la protección de
líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y autoridades
comunitarias.
• Realizar seguimiento urgente a
las comunidades que puedan encontrarse en riesgo de desplazamiento o
confinamiento.
• Adoptar medidas integrales que
permitan recuperar el control institucional del territorio sin abandonar las
necesidades sociales de las comunidades.
CORNACOIDH considera que la respuesta del Estado no puede limitarse a reaccionar después de cada ataque. Es necesario prevenir, anticipar y actuar sobre las alertas que durante años han sido entregadas por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que realizan presencia y observación en el territorio.
El sur de Bolívar necesita seguridad, pero también educación, salud, infraestructura, oportunidades, protección para sus liderazgos y garantías para permanecer dignamente en sus territorios.
CORNACOIDH continuará realizando seguimiento permanente a la situación y documentando las afectaciones que puedan presentarse.
Por una paz con justicia social,
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